En aprietos, calificación de comicios; elección del Congreso

8/12/2017

Los magistrados del Tribunal Electoral federal tendrán menos de 15 días para desahogar todas las impugnaciones sobre rebases de gastos de campaña.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) trabajará a marchas forzadas para resolver las impugnaciones de la elección para legisladores federales, pues tendrá menos de 15 días para desahogarlas.

El 1 de septiembre de 2018 debe tomar protesta el nuevo Congreso, pero el INE tiene hasta el 15 de agosto para entregarle al TEPJF los dictámenes de gastos de campaña, documentos con los que se determinará la validez de los comicios, una vez descartados rebases de topes de campaña o irregularidades graves en el financiamiento.

El INE también estará bajo presión al ser la primera vez que deba fiscalizar alrededor de 70 mil campañas, tanto del proceso federal como de 30 elecciones locales concurrentes.

El próximo año se elegirán tres mil 406 cargos; podrán votar alrededor de 88 millones de ciudadanos en 156 mil 99 casillas, que serán atendidas por un millón 392 mil 411 funcionarios.

Tribunal pasará apuros para validar al Congreso

Los magistrados tendrán menos de 15 días para desahogar las impugnaciones sobre rebase de gastos de campaña.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) trabajará a marchas forzadas para resolver las impugnaciones de las elecciones para legisladores federales, toda vez que tendrá menos de 15 días para desahogarlas.

El 1 de septiembre de 2018 tendrá que tomar protesta la nueva integración del Congreso de la Unión, y el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene hasta el 15 de agosto para entregarle a los magistrados los dictámenes de ingreso y gasto de las campañas, a fin de que determinen la validez o no de los comicios, al conocer si hubo rebases de topes de campaña o irregularidades graves en el financiamiento a partidos y candidatos.

En la medida que el INE pueda fiscalizar con mayor rapidez, será que se puedan ganar algunos días para que den los plazos legales y no corra ningún riesgo la conformación del Congreso.

Sin embargo, hasta el momento, el instituto sólo ha determinado recortar sus tiempos para la fiscalización de precampañas, y no los de campaña.

Y es que después de que el Consejo General del INE apruebe los dictámenes, los partidos tienen cinco días para impugnar. Una vez impugnada la decisión, el expediente se mantiene tres días en estrados, antes de enviarlos al Tribunal Electoral.

En adición, los magistrados de salas regionales y Sala Superior, podrían dar plazos al INE para realizar diligencias extra que aclaren ciertos asuntos o criterios.

Esta situación se generó una vez que en la reforma electoral 2014 se determinó que la elección presidencial de 2018 será la última que se celebre el primer domingo de julio, pues para las siguientes, el día de la jornada electoral se fijó para el primer domingo de junio, es decir, habrá un mes más para que el Tribunal desahogue las quejas.

El INE también estará bajo presión, toda vez que será la primera ocasión en la que fiscalice alrededor de 70 mil campañas, ya que revisará las cuentas tanto de la elección federal, como de 30 elecciones locales concurrentes.

Debido a lo anterior, los consejeros decidieron que irán evidenciando los comportamientos irregulares de los partidos que, por ejemplo, en las elecciones de 2017 no reportaron en tiempo sus operaciones financieras (tres días posteriores a la celebración de contratos y pagos de los mismos) dejando el reporte de estos movimientos, dentro del Sistema Integral de Fiscalización, para los últimos diez días del plazo.

Lo anterior impide que la autoridad electoral pueda fiscalizar en tiempo real las cuentas y operaciones de los institutos políticos y sus candidatos y le impone una carga de trabajo inusual al término de las campañas.

Otro comportamiento irregular se refiere a no avisar con tiempo suficiente a los auditores del INE la realización de eventos de campaña, a fin de que los verificadores acudan a los actos para dar fe de los gastos que ahí se podrían haber realizado.

La Unidad de Fiscalización tiene poco más de 500 empleados y contrataría a 600.

En el próximo año se van a elegir tres mil 406 cargos; podrán votar alrededor de 88 millones de ciudadanos en 156 mil 99 casillas que serán atendidas por un millón 392 mil 411 funcionarios de casilla, seleccionados de un universo de 11.5 millones de ciudadanos insaculados.

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