El Centro de Readaptación y Reinserción Social (Cereso) de la capital duranguense es de los penales con menos población a nivel nacional, lo que tendría que garantizar la calma y seguridad de sus reos, sin embargo, sigue registrando hechos violentos.
El diputado José Antonio Ochoa (PAN) urgió al sistema de seguridad penitenciaria para que aplique mejores pruebas de control y confianza a los custodios, mejores sueldos, evaluaciones de desempeño de manera periódica.
Recientemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al sistema penitenciario de Durango por graves omisiones de la autoridad en el manejo y control del Cereso número uno en la capital, en agravio de los reos.
Al respecto, el legislador comentó que las autoridades encargadas de los reclusorios desconocen el camino correcto porque no existe un diagnostico, ya que el Gobierno Estatal se ha negado a realizar un examen a fondo en materia de seguridad en los centros de readaptación.
“Es lamentable lo que está pasando, pero es más lamentable que autoridades estatales hagan oídos sordos a todos estos llamados, a todos estos actos y hechos de violencia que están sucediendo”, manifestó.
En el comunicado, la CENH recordó que 10 internos fallecieron y ocho más resultaron heridos en diferentes actos violentos como riñas y balaceras entre grupos delictivos contrarios, además de las protestas de mujeres internas, entre otros.
Por ello, en la recomendación 47/2012, la CNDH pidió al gobierno de Durango tomar las medidas necesarias para reparar el daño a las familias de los internos fallecidos, instaurar políticas públicas integrales que garanticen a los presos una estancia digna y segura.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública en el Estado (SSPE) José Antonio Rosso Olguín, reconoció que existe el problema penitenciario, al señalar que una de las recomendaciones se basa en el daño patrimonial, por lo que se tendrá que hacer la notificación a todas esas personas que acrediten haber sido victimas en dicha circunstancia para que puedan ejercer el derecho en beneficio.
“En Durango no contamos con una sobrepoblación, el hacinamiento no es producto de los eventos violentos que se han presentado. Es importante destacar los proyectos de educación y productivos, pues el 94 por ciento de internos intentan homologar su educación”, finalizó.
