Legisladores que se han opuesto al control de armamento reconocen su preocupación por la manera en que EU maneja el caso
Tras calificar como “muy preocupantes” las tácticas usadas por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF) en la fallida operación Fast and Furious contra el tráfico de armas hacia México, 31 diputados demócratas pidieron al presidente Barack Obama que su gobierno coopere con la investigación iniciada por congresistas republicanos.
“Lo urgimos a instruir al Departamento de Justicia a proveer rápidamente las respuestas a todas las interrogantes congresionales en este tema”, indicó el texto promovido por Jason Altmire, un demócrata conservador de Pennsylvania cercano a la Asociación Nacional de Rifle (NRA) y firmado por otros demócratas considerados como opuestos al control de armas, como Heath Shuler, Joe Baca, Peter Defazio, Gene Green, Dennis Cardoza y Dan Boren.
La intercesión de los demócratas conservadores en favor de las investigaciones del Congreso sobre Rápido y Furioso añadió un nuevo elemento a lo que hasta hoy había sido un tema promovido exclusivamente por legisladores republicanos, en concreto el senador Charles Grassley y los diputados Darrel Issa, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamentales, y Michael McCaul, que encabeza el Subcomité de Seguridad Nacional para Investigaciones.
Las “preocupantes” tácticas de la ATF a que hicieron referencia fueron la autorización y aún aliento a la deliberada ignorancia de regulaciones para que armerías de la región de Phoenix vendieran casi dos mil armas a compradores “sospechosos”, en el marco de un operativo Fast and Furious (Rápido y Furioso) para identificar a presuntos contrabandistas hacia los cárteles de la droga en México.
Reclaman opacidad
“Nuestras preocupaciones fueron realzadas por noticias de que una de las armas compradas pudo haber sido usada en el asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza”, indicó la misiva, fechada el 3 de junio y que expresa intranquilidad por el “cuestionable juicio” de los agentes que planearon el operativo.
En el texto, los firmantes consideraron “igualmente preocupante que el Departamento de Justicia haya demorado acciones y retenido información de las investigaciones congresionales”.
Demandaron entonces que “mientras el Departamento de Justicia puede y debe continuar su investigación, esas actividades no deben limitar la capacidad del Congreso para cumplir sus deberes de supervisión”.
El Comité que encabeza Issa inició una pesquisa sobre Rápido y Furioso pero el legislador se ha quejado repetidamente de lo que considera como falta de colaboración del Departamento de Justicia, del que forma parte el BATF, que desarrolla una investigación propia. Issa, sin embargo, ha expresado su desconfianza en esa pesquisa.
En la acción más reciente, no obstante, los agentes a cargo de la oficina del BATF en Phoenix —los planificadores de Rápido y Furioso— fueron relevados y concentrados en Washington.
Desmarque de Obama
El 24 de marzo pasado, el Presidente estadunidense aclaró que ignoraba que su gobierno introdujo armas de manera deliberada para tratar de ubicar a traficantes en México.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que no sabía del operativo Fast and Furious (Rápido y Furioso), desplegado en México, y aseguró que su gobierno abrió una investigación para determinar si se cometió un error.
Obama indicó que el procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, tampoco sabía sobre ese operativo, y que éste ha designado un inspector general para que investigue quién lo autorizó y esclarezca los hechos.
“En primer lugar no la auto- ricé (el operativo Rápido y Furioso). Eric Holder, el fiscal general, no la autorizó (…). Así que lo que él ha hecho es asignar un inspector general para investigar lo que pasó exactamente”, afirmó.
Excélsior
