De las corporaciones policiacas municipales sólo nueve por ciento es confiable, ya que el resto carece de credibilidad y capacitación, afirmó Miguel Alcántara Soria, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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El funcionario detalló a Excélsior que únicamente 189 corporaciones están adoptando el modelo de policía acreditable, y que mil 822 municipales operan aún bajo corrupción e impunidad
“Mil 800 policías que no están pasando por el proceso de adopción del sistema integral policial están mal pagados, mal formados, mal equipados y sin ningún proceso de evaluación de control de confianza.
“Esas mil 800 corporaciones son las más vulnerables y débiles, y las más propensas a que la delincuencia organizada las pueda coptar. Esa policía no es garantía de seguridad ni de confianza y, desafortunadamente, abarca un universo de 90 por ciento de los cuerpos policiacos.”
Al referirse a las policías estatales, Alcántara reconoció que el asunto es peor, porque “no hay un solo estado que haya presentado su programa de adopción del sistema de desarrollo integral policial como lo marca la ley”.
Esto significa que ningún elemento ha sido sometido a pruebas de control y confianza, mucho menos de profesionalización, dijo.
Al reconocer que hay complicaciones para mejorar la función de los agentes, mencionó que no se ha transitado hacia el nuevo modelo policial en los estados, porque muchos alcaldes del país siguen actuando como “caciquitos”, sin tener la disposición y la capacidad para combatir la delincuencia y el crimen organizado.
“Hay estados donde algunos alcaldes están renuentes a ceder el mando de sus policías por puro deseo de seguirse sintiendo caciquitos dentro de sus municipios, sin tener la disposición para combatir la delincuencia o para abatir la incidencia delictiva”, precisó.
El funcionario advirtió que ante la falta de cambios constitucionales para que entre en vigor la nueva ley federal del sistema de seguridad pública, propuesta que permanece en el Senado, algunos municipios mediante acuerdos de cabildo han cedido el mando y la función de los policías a los gobernadores.
Sin embargo, enfatizó, algunos alcaldes se resisten a mejorar la seguridad en sus regiones.
Alcántara Soria recalcó que algunos ediles no han cedido el mando policial a los gobernadores porque piensan que esos agentes les pueden ayudar a mantener la seguridad en sus municipios, pero hay otros que utilizan las corporaciones como negocios personales.
Precisó que las corporaciones que no han adoptado el nuevo modelo de policía acreditable tienen varios pendientes.
No les han practicado ningún examen de confianza, no se les ha capacitado, no se les ha mejorado su salario y no cuentan con equipo, añadió, por lo que no pueden abatir 90 por ciento de los ilícitos que se generan en cada estado.
A más de un año de que se propuso un mando único para que el funcionamiento de las policías recaiga en los gobernadores y mejore la seguridad, dijo, alrededor de cinco mil elementos han sido capacitados.
El resto, destacó, que asciende a 363 mil 263 policías estatales y municipales, permanecen en las mismas circunstancias de corrupción, baja escolaridad y profesionalización.
Según Alcántara Soria, algunos municipios de estados como Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Aguascalientes e Hidalgo han avanzado en el nuevo sistema de integración policial, pero los demás no lo han hecho.
Afirmó que independientemente de que este año sean aprobadas por el Senado las modificaciones a la Constitución para aplicar el mando único, se pondrá en marcha un módulo de formación acreditable, para que todas las policías se profesionalicen.
Por ello, dijo, se subsidiará a las entidades federativas para la formación de nuevos policías. Actualmente, los estatales y municipales representan 74 por ciento de la fuerza policial; 13 por ciento es de agentes de seguridad privada; siete por ciento, de la ministerial, y seis por ciento, custodios.
Enfrentan en Tamaulipas déficit de agentes en activo
Las corporaciones de policía estatales, ya sea preventivas, municipales o investigadoras, enfrentan un déficit de elementos de entre 50 y 70 por ciento, a causa de las renuncias y las bajas provocadas por la depuración y evaluaciones obligatorias.
A esto se suma que durante las convocatorias para esas plazas vacantes no se han obtenido los resultados deseados, ademas que los pocos aspirantes en su mayoría no cumplen con el perfil exigido por la ley.
Durante 2010, instancias como la Policía Estatal Preventiva (PEP), la Policía Ministerial (PM), Agencias del Ministerio Público Investigador (AMPI) y las policías municipales han emitido convocatorias ante las renuncias, bajas voluntarias y obligatorias por depuración.
Tras una de ellas, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en 2010 para contratar 150 personas, sólo 75 aprobaron el examen, de los cuales 40 ingresaron a la Academia Estatal de Policía. Seis meses después, sólo se graduaron 28.
En el mismo tono
La Procuraduría General de Justicia estatal enfrenta una situación parecida. El actual procurador, Bolívar Hernández, declaró que cuentan con 300 elementos ministeriales, 50% de los que disponía su predecesor.
En estos momentos en Tamaulipas se está en proceso de conversión de Policía Ministerial a Estatal Investigadora (PEI); la convocatoria para conformar esta nueva corporación fue lanzada por el Instituto de Capacitación Técnica y Profesional.
En un principio hubo 100 aspirantes a pertenecer a la PEI, pero en dos años esa institución debe estar conformada por al menos mil elementos para ser funcional.
Municipios como Ciudad Victoria, que hasta 2010 disponían de poco más de 300 efectivos, hoy en día laboran con un promedio de 220 elementos operativos distribuidos en tres turnos.
Las renuncias, ceses de personal policial y bajos salarios ofrecidos han provocado que las corporaciones en el estado, sufran un severo déficit y que las convocatorias tengan una mínima participación ciudadana.
De acuerdo al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, Tamaulipas es uno de los estados, junto con Nuevo León y Sinaloa, que no encuentran elementos para reforzar sus instituciones policiales.
Incluso, aseveró, acuden a entidades en el sureste, como Chiapas, a buscar personal.
Excélsior
