DIF Estatal atendió durante el mes de mayo 84 denuncias por violencia familiar, 73 ejercidas contra mujeres y el resto a menores, de las cuales, en sólo uno de los municipios durante el mes de mayo se recibieron 28 denuncias, según lo dio a conocer la Dra. María del Refugio Bobadilla Saucedo, Procuradora de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.
Las denuncias han sido presentadas por violencia física considerada como grave en aproximadamente el 80% de ellas, el resto en un tipo de maltrato emocional, de? abuso sexual y leve, siendo el más recurrente el de tipo emocional, sobre todo, cuando el agresor ha caído en adicciones.
Señaló que conforme a los reportes presentados por los Delegados de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia en los municipios del estado de Durango, en lo que va del año 2007 la tendencia ha sido al cierre de cada mes de 18 a 25 denuncias por violencia familiar de las cuales las víctimas son mujeres y el esposo o concubino el principal agresor, al ser el responsable en el 90 por ciento de los casos.
Dijo que las edades de las víctimas fluctúan entre los 19 y los 45 años y la ocupación es generalmente de ama de casa, seguida de comerciantes y por último empleadas.
Bobadilla Saucedo explicó que conforme? a las instrucciones de la señora Gabriela López de Hernández, Presidenta del DIF Estatal, se han redoblado las acciones emprendidas en Durango para frenar la agresión en cualquiera de sus manifestaciones.
Manifestó que el concepto de violencia de género no solo incluye los aspectos físicos, sino también psicológico, patrimonial, económico, laboral, institucional, sexual y de matrimonio.
Por ello, dentro de la legislación ya se contemplan medidas precautorias y cautelares que protegen a la víctima, como por ejemplo, aquellas que obligan al agresor a tomar distancia del domicilio, el lugar de trabajo, que garantice el no acoso; obliga a establecer un sistema de alerta general para aquellas zonas identificadas con el mayor índice de violencia.
Incluye los mecanismos de reparación del daño y establece claramente el delito de Estado ante omisiones de los servidores públicos, actos que obstaculicen el ejercicio de la libertad de las mujeres, o medidas civiles como el no permitir la hipoteca de los bienes del matrimonio y lo más relevante involucra a otras dependencias, para erradicar este problema social.
