El seguro del desempleo

22/10/2013

Por Roberto Piñón Olivas

El seguro del desempleo presenta serias inconsistencias que están siendo criticadas, fundamentalmente porque carece del alcance y relevancia publicitado: solo beneficia a los trabajadores formales -dejando fuera a los informales que son el grueso de la población económicamente activa-, y basa su éxito financiero en utilizar recursos del fondo de vivienda: las aportaciones del gobierno federal solo ocurrirían en caso de insuficiencia del fondo constituido por aportaciones patronales y del trabajador.

Inicialmente presentado como una aportación de alto sentido social, el seguro se queda corto. El beneficio solo llega a 20 de los 49 millones de personas ocupadas; el resto, 29 millones, trabajan en la informalidad, o bien, simplemente no cotizan a la seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. Al no cotizar, carecen del beneficio del seguro.

El hecho de dejar fuera a los trabajadores que carecen de seguridad social institucional es un grave problema. Esos millones de trabajadores reciben en su mayoría salarios por debajo de los que obtienen los trabajadores formales. Ya están castigados al carecer de prestaciones adicionales. Pero además, es delicado que sigan condenados, ya no solo a la informalidad, sino a ser presa fácil para incursionar en la comisión de delitos al carecer de un ingreso económico cuando pierden su empleo informal.

El seguro de desempleo, como su nombre lo dice, es un seguro: es un producto adquirido por el trabajador con aportación del patrón. El patrón aportaría un 3 por ciento del salario base, pero no se trata de una carga nueva, simplemente hay modificaciones en las aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda: ese 3 por ciento ya lo aportaba el empresario, ahora se retira del Fondo, para ser depositado en la cuenta individual del trabajador administrada por Afores, con la desventaja de que no será el total de los 3 puntos, sino solo 2, ya que un 1 por ciento constituirá un fondo administrado por el Gobierno Federal. En resumidas cuentas el trabajador sale perdiendo tres de las quintas partes de la aportación que hacia el patrón al fondo de vivienda, que del 5 pasó a ser de 2 por ciento, más el uno por ciento que el gobierno federal administrará directamente.

Ahora bien, de acuerdo a la propuesta, en caso de que el dinero depositado en la cuenta individual sea insuficiente, habría que echar mano hasta del 75 por ciento del fondo de vivienda, y solo en caso de que no alcance, habría que acudir al fondo solidario -el del 1 por ciento- administrado por el gobierno. Se echa mano de un recurso que el trabajador tiene reservado para necesidades de vivienda, llamese adquisición o remodelación. Tener vivienda digna también es un derecho.

No se esta creando, con este seguro, un derecho adicional, sino simplemente, se están tomando recursos del fondo de vivienda para reencauzarlos como un fondo para desempleo.

Otro detalle, la propuesta de modificación a la Ley Federal del Trabajo en la materia incluye la derogación de la fracción II del artículo 141, que contemplaba la entrega del total de los depósitos realizados a su favor en la cuenta de vivienda, con la condición de que carezca de relación de trabajo y tenga mas de cincuenta años de edad. Esta fracción desaparece y con ella la posibilidad de que el trabajador recupere el recurso, bajo este procedimiento. Esta modificación genera suspicacia. Es obvio que el gobierno federal esta cerrando la puerta a este mecanismo por medio del cual el trabajador podía retirar ese dinero, que ya le pertenece, para que, siguiendo el mecanismo que señala la ley de Infonavit, se destine a las cuentas individuales del trabajador en el fondo de retiro, que a la vez servirá de fondo para desempleo.

El debate en el Senado inicia mañana. Las posturas se están radicalizando en relación a éste y otros temas. Nadie discute el sentido de la propuesta, que busca proteger al trabajador formal ante la perdida del empleo, lo cual es plausible. Resuelve parte del problema. La cuestión es el mecanismo financiero para implementarla, que no debe por ningún motivo molestar derechos adquiridos, como en este caso que afecta al fondo de vivienda.

EN EL TABLERO…Los diputados empiezan con el pie derecho en la actual legislatura, el Congreso del Estado no pagará íntegramente el costo de los vehículos que se pondrán a su disposición para el trabajo legislativo…Habrá que ver cual es el acuerdo concreto, porcentajes del pago y quien va a sufragar el costo de mantenimiento…La Facultad de Derecho de la UACH se vistió de gala con la presencia de la Directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Leoba, primer mujer que ocupa dicho cargo…La doctora en derecho presentó su libro Derecho Civil en México: Dos Siglos de Historia….

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