Es necesario establecer sanciones administrativas a los servidores públicos que en el ejercicio de su responsabilidad realicen acciones que tengan por objeto impedir o anular la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, puntualizó la diputada María Elena Arenas al presentar la iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidades.
Al hacer uso de la tribuna, señaló que en el país la cultura es un crisol de costumbres, tradiciones y creencias que hasta hoy se conservan, lo que ha traído como consecuencia la exclusión de las mujeres a participar como entes activos en el progreso de la nación, pese a que largo de la historia, igual que los hombres, han contribuido al adelanto de la sociedad en diversos ámbitos.
Sin embargo, precisó que aún en día persisten barreras que impiden a las mujeres lograr un pleno desarrollo, como es la discriminación en el acceso a la educación, el acoso sexual, la discriminación laboral y la discriminación salarial, entre otras.
Por ello, explicó que con la iniciativa se adicionar una fracción VIII del artículo 47, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Durango, a efecto de establecer entre otras obligaciones, evitar acciones u omisiones que tengan por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres.
Así mismo, se propone reformar el penúltimo párrafo del artículo 52 de la ley en comento, a efecto de considerar la anterior conducta como casual de inhabilitación del servidor público.
“La desigualdad y la discriminación por motivos de género lesionan profundamente el desarrollo de toda sociedad, por lo que inaceptable seguir manteniendo una actitud de indiferencia y falta de compromiso ante las condiciones de exclusión, pobreza y discriminación en que viven miles de mujeres; superar la discriminación hacia las mujeres no sólo es una deuda histórica; es además, el único camino para alcanzar el verdadero progreso”, aseveró durante la Sesión Ordinaria.
Al respecto, dijo tener conocimiento de que la prácticas discriminatorias contra la mujeres se siguen cometiendo, pese a que actualmente sostienen uno de cada cuatro hogares del país y aventajan a los hombres en preparación académica, porque a decir de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las mujeres alcanzan un promedio de estudios de 9.2 años, muestras que los hombres 8.6 años.
De esta forma, la iniciativa se turnó para su análisis y discusión a la Comisión de Responsabilidades del Poder Legislativo, quien se encargará de elaborar el dictamen correspondiente.






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