Informe demoledor

16/03/2016

“Felicitaciones al Presidente del Club Primera Plana de Periodistas de la Ciudad de México, Lic. Raúl Gómez Espinosa, que el día de ayer martes celebró la Asamblea Anual de socios, con un informe pleno en logros y acciones”

Poco se ha avanzado en la protección de los periodistas y profesionales de la comunicación. Pese a las reformas legales y a la aplicación de la convencionalidad en materia de libertad de expresión, las agresiones continúan, con un alto nivel de impunidad, lo cual parece alentar no solo el aumento de los agravios, sino la intensidad de los mismos.

La percepción pública, y personal de quienes se dedican a ejercer cotidianamente la libre expresión de las ideas, se confirma plenamente en la Recomendación General Número 24, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado diez de marzo.

La recomendación, auspiciada por el presidente de la CNDH, el abogado Luis Raúl González, es demoledora: los agravios a periodistas y medios de comunicación, las desapariciones y los atentados contra los medios, tienen un cien por ciento de impunidad, y los homicidios, 82 por ciento. Es decir, de cada cien asuntos de agravios, desapariciones y ataques, ninguno, ni uno solo, se ha resuelto. De los homicidios, apenas dos de cada diez, ha tenido solución, en este caso, sentencia en contra del responsable del atentado.

No solo ello. Los delitos no son perseguidos y lamentablemente van en aumento. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió del 2001 al 2005, 41.6 quejas mensuales. Del 2006 al 2010, se incrementó a 78.0 y del 2011 al 2015, a la cifra de 87.8. Un incremento constante y alarmante, que indica que las autoridades -principales responsables de las agresiones contra periodistas- poco hacen para evitar estas conductas por parte de los integrantes de los cuerpos policíacos y funcionarios públicos.

Esa impunidad -obvio- alienta nuevas agresiones. Pareciera que poca, muy poca, utilidad práctica tuvieron las recomendaciones generales anteriores en materia de libertad de expresión, la 17 y la 20, del 19 de agosto del 2009 y del 15 de agosto del 2013.

Sin embargo no es así. La recomendación general es un instrumento para sacudir y llamar la atención al poder público. Como lo señala en su proemio, es obligación de las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas a ese respecto.

“El incremento significativo -dice textual la Recomendación- en el número de agresiones a periodistas y medios de comunicación deja en evidencia el riesgo prevaleciente en que se encuentra el gremio periodístico en México. La falta de políticas públicas encaminadas a garantizar un periodismo libre de cualquier tipo de intimidación, así como la deficiente actuación por parte de las autoridades ministeriales encargadas de investigar las agresiones de las que es objeto este gremio, contribuyen a hacer de México un país en el que el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión se ve vulnerado”.

Donde, coincidimos, “Las agresiones a periodistas, además de constituir una afectación a la esfera jurídica del agraviado, representan una afrenta a la sociedad en su conjunto…el derecho a la libre expresión, además de ser un derecho inalienable a todas las personas, es también un requisito indispensable para la realización de una sociedad democrática”.

Es hora de que los tres niveles de gobierno asuman su responsabilidad, ante la ineficacia demostrada para proteger a la libre expresión de las ideas: debe mejorarse el mecanismo de protección a periodistas, cesar la impunidad en el castigo a agresores y homicidas de periodistas, mediante políticas públicas de prevención y atención adecuada, sin escatimar recursos económicos ni esfuerzos.

http://robertopinon.blogspot.mx

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