La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que, de 2006 a lo que va de 2011, ocho mil 898 personas fallecidas en el país no han sido identificadas por las autoridades.
Foto: Tomada de Internet
En un comunicado, el organismo explicó que las causas de esos decesos han sido accidentes en la vía pública, enfermedades y muertes violentas.
Las cifras fueron recopiladas en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, que incorpora datos aportados por los órganos de procuración de justicia de los 31 estados y del Distrito Federal, así como por los servicios médicos forenses y por ciudadanos.
La CNDH reportó que también tiene el registro de cinco mil 397 personas reportadas como extraviadas o ausentes: tres mil 457 varones y mil 885 mujeres. En 55 expedientes no tiene información sobre el particular.
Desde 2009, el Sistema contabiliza los casos de secuestrados y de migrantes cuya ubicación se desconoce.
El jueves pasado, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU informó que los sectores más vulnerables ante este delito son los defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, mujeres y niños.
Reportan en un lustro 5,397 desaparecidos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que tiene el registro de cinco mil 397 personas “de-saparecidas o extraviadas” de enero de 2006 a la fecha.
Por medio de un comunicado, la CNDH también dio a conocer que ocho mil 898 personas fallecidas en los últimos cinco años —por muerte violenta, accidentes en la vía pública o muerte natural— no han sido identificadas por las autoridades correspondientes.
El informe de la CNDH se hace público la misma semana en que el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU dio a conocer que, de acuerdo con organizaciones civiles, tres mil mexicanos fueron secuestrados por agentes gubernamentales o con ayuda de ellos entre 2006 y 2010.
Al considerar que existe una relación directa entre el creciente despliegue de las fuerzas armadas y el incremento de las desapariciones forzadas en el últimos lustro, el informe de la CNDH sobre personas desaparecidas coincide con la recomendación hecha al gobierno mexicano por la comisión de la ONU de retirar a los efectivos del Ejército mexicano de las calles, en el corto plazo.
La CNDH recopiló la información de personas “desaparecidas o extraviadas” de 2006 a 2008 en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF).
A partir de 2009, además de las personas desaparecidas, también incluyó en esa base de datos los casos de secuestro.
La Comisión informó también que ya empezó a incluir en ese sistema la información de emigrantes desaparecidos, para facilitar su búsqueda y localización, en apoyo a los trabajos de la Quinta Visitaduría General.
En el comunicado se destaca que del total de expedientes de personas “extraviadas o ausentes”, tres mil 457 casos son de hombres y mil 855 de mujeres, según registros del SINPEF.
Entre las personas clasificadas como desaparecidas están jóvenes y adultos secuestrados por el crimen organizado para obligarlos a colaborar con ellos, como se ha denunciado en Tamaulipas y Coahuila.
Entre los desaparecidos también están las personas privadas de la libertad por agentes de gobierno —militares, policías o marinos— y, de acuerdo con la clasificación de la ONU se deben catalogar como “desapariciones forzadas”.
Grupos vulnerables
Los observadores de la ONU Jasminka Dxumhur, Ariel Dulitzky y Osman el Hajje denunciaron el jueves pasado que los militares que operan en ciudades y carreteras del país realizan cateos a casas, autos e individuos “en muchos casos sin contar con una orden judicial dictada por una autoridad civil competente”.
En rueda de prensa el pasado jueves también aseguraron que los militares realizan actividades que corresponden únicamente a las autoridades civiles, como es hacer interrogatorios a personas detenidas.
A estas conclusiones llegaron tras hacer una visita a Chihua-hua, Coahuila, Guerrero y DF del 18 al 31 de marzo.
Como lo denunció la sociedad civil a los visitadores de Naciones Unidas, las víctimas de de-sapariciones forzadas son desde defensores de derechos humanos y periodistas, hasta personas presuntamente culpables de un delito, pero para cuya detención la autoridad judicial no ha emitido una orden de aprehensión.
El secuestro se distingue de las desapariciones, porque en el primer caso los plagiarios exigen a la familia un rescate para liberar a la víctima.
En el informe preliminar de su visita a México los observadores de la ONU expusieron que hay serios problemas en el sistema judicial mexicano para realizar investigaciones a fondo sobre los casos de desapariciones forzadas.
El visitador Dulitzky expuso que, aunque los familiares cuenten con pruebas de que un agente de gobierno —militar, policía o marino— privó de la libertad a uno de sus familiares, la mayoría de los agentes del Ministerio Público registran estos casos como personas “desaparecidas o extraviadas” y no como “desapariciones forzadas”, que es el término correcto.
Según ellos, en México los grupos más expuestos a desapariciones forzadas son los defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, mujeres y niños.
También expuso que la familia de los desaparecidos tienen temor de denunciar los hechos “pues especialmente los agentes del Ministerio Público intentan desacreditar a las personas desaparecidas declarando que estaban involucradas con el crimen organizado, sin ninguna evidencia o investigación en su contra”.
Las sugerencias
Principales recomendaciones al Estado mexicano realizadas por el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas:
Se le pide al Estado mexicano reconocer la dimensión de la desaparición forzada como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación.
Crear una base de datos con la información personal disponible sobre personas desaparecidas forzadamente a escala nacional, incluida la información personal, principalmente el ADN y muestras de tejido.
El Estado debe proteger la información personal de estas bases de datos en todo momento.
Establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata.
Este programa también deberá contar con personal altamente capacitado en la exhumación e identificación de restos mortales y debería ser ejecutado con plena independencia presupuestaria y operativa.
SOBRE EL EJÉRCITO
Pide considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.
Establecer protocolos para regular el uso de la fuerza por parte de efectivos del Ejército y de todas las corporaciones policiacas como una medida preventiva en relación con las desapariciones forzadas.
MANTENER BASE DE DATOS DE DETENCIÓN DE PERSONAS
Garantizar la completa identificación de todas las autoridades competentes en la detención de personas.
Fortalecer el registro federal de detención de personas para garantizar que sea permanentemente actualizado y armonizado con otras bases de datos para monitorear la localización física de las personas detenidas.
Se deben incluir controles estrictos sobre las autoridades responsables del registro de las detenciones y la imposición de sanciones adecuadas para aquellos que no lo hagan.
El registro de detención debe indicar: los motivos de la detención, la hora exacta de la llegada de la persona detenida al lugar de custodia, la duración de la privación de la libertad, la identidad de la autoridad que ordenó la detención de la persona, así como de los oficiales a cargo de llevarla a cabo.
SOBRE EL ARRAIGO
La comisión de la ONU pide al gobierno mexicano eliminar la detención mediante arraigo, tanto de la legislación como en la práctica, a escala federal y estatal.
Utilizar la Plataforma México para esclarecer e investigar todos los casos de desapariciones forzadas.
Excélsior
