La Procuraduría General de la República (PGR) ha retirado de la circulación en los últimos tres años, casi 40 millones de esa medicinas, pues son un riesgo potencial para la salud de quienes los consumen y cuyo volumen da cuenta del nivel de operaciones de estos grupos.
A la fecha, se han detectado operaciones de una de estas organizaciones en Guadalajara, Jalisco; Morelia, Michoacán, y el Distrito Federal, y es investigada desde 2005.
Las indagatorias condujeron en mayo de este año a la captura de ocho presuntos integrantes de tal red, a quienes ya se les inició proceso penal, aunque existe una línea abierta para capturar a otros implicados, pues se presume que podrían tener cómplices incluso en el sector Salud, revelaron autoridades de la dependencia federal.
De acuerdo con el expediente 335/UEIDDAPI/2006 -desglose de una indagatoria iniciada en 2005-, las operaciones criminales de esta red han cobrado varias vidas por la alteración de los insumos médicos con los que trafican.
Un documento de la PGR al que tuvo acceso EL UNIVERSAL indica: \”dentro de las diligencias practicadas, se obtuvieron tres expedientes clínicos, en los cuales se documentó el fallecimiento de tres menores a quienes les fue suministrado el medicamento apócrifo, en el hospital infantil Eva Sámano de López Mateos\”, ubicado en Morelia, Michoacán.
En este nosocomio, en octubre de 2005 se detectó la ineficacia del medicamento Maxipime, prescrito como parte del tratamiento para niños con cáncer.
Un mes después, Carlos Mascareñas, entonces director de ventas a hospitales de la empresa Bristol Myers Squibb, fue notificado por autoridades del hospital infantil de las anomalías en el medicamento, por lo que se le sometió a pruebas. Concluyeron que los envases y el contenido no fueron elaborados por dicha compañía \”y que el compuesto que contenía no era Cefepima -el compuesto activo del Maxipime-\”.
Estos resultados llevaron a la PGR a ejecutar 11 órdenes de cateo en noviembre de 2006 en diversos puntos del país, donde decomisaron 11 toneladas de medicamentos apócrifos y nueve inmuebles usados por la red.
Meses después, la subprocuraduría de Delitos Federales detuvo a ocho presuntos integrantes de esta organización , a quienes aplicó la acción penal el 11 de mayo de este año, por delitos contra la propiedad industrial.
Los inculpados que están sujetos a proceso son Ricardo Avelino, Javier Fernández, Gabriela Padilla Rolón, Carlos Valdivia Matute, Cynthia Padilla Valdivia, Irma Leticia Horta Rojas, Juan Pablo González Horta, Esperanza Romo de Moya y Arturo Granados Victorio, contra quienes se dictó formal prisión en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, en el DF.
Aunque autoridades de la dependencia indicaron que el riesgo sanitario por comercializar medicamentos falsos o caducos,no ha disminuido, ya que se presume que estos no son los únicos implicados en esta red, se investiga la posibilidad de operaciones en otras entidades del país.
La venta de medicamentos pirata en el país se da principalmente en mercados sobre ruedas y comercio informal, pese a que esto está expresamente prohibido por la Ley General de Salud.
Sin embargo, las autoridades federales han detectado medicinas apócrifas en farmacias y hospitales, principalmente en la zona fronteriza.
Este tipo de mercancía falsa también se ofertan en páginas web.
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