Libertad que se ahoga

11/01/2016

Es inaplazable el reordenamiento administrativo integral del transporte público que lo haga eficiente, superando el status de concesión política a una auténtica concesión de un servicio público. Sin ello, el aumento a la tarifa no solo es inaceptable, sino que es una píldora, una solución de coyuntura, que no resuelve el problema”.

La libertad de expresión es un elemento fundamental de la sociedad política. Siempre lo ha sido. Lo que ocurre es que hoy en día cobra mayor relevancia por la naturaleza democrática de la sociedad. Es la democracia, entendida como una forma de vida, la que exige más que nunca la vigencia de la libre expresión de las ideas y de los pensamientos.

En una sociedad política autoritaria la libertad de expresión deja de tener utilidad. Las decisiones verticales, unidireccionales, dejan poco espacio para el debate de las ideas. La misma sociedad política autoritaria requiere de ausencia de libertad de expresión, por ello la ahoga a través de diversos métodos, de manera fáctica a través del ejercicio del poder directo -coacción moral y física- y de manera formal, de las leyes, aún y cuando entre ambas en ocasiones se pierda el fino hilo que las separa.

Por ello, para descubrir si existe o no libertad de expresión, podemos buscar en esas actuaciones fácticas y legales los escollos u obstáculos a las mismas, o bien por el contrario, la disposición a permitirla y reproducirla, expandirla.

Para infortunio de la libre expresión, México sigue practicando ambos mecanismos de coacción. Nada menos para concluir el año dos resoluciones dan cuenta de ello: por un lado con la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, y por otro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, éste último con la intervención de un grupo investigador de la Organización de las Naciones Unidas.

En el primero, Sinaloa, se trató de la coacción del alcalde de Escuinapa Bonifacio Bustamante hacia el Periódico Noroeste; en Quintana Roo, el gobierno estatal de Roberto Borge contra el periodista Pedro Canche. En ambos casos se exige una reparación del daño, que en el segundo es gravísimo, ya que el periodista fue encarcelado y al parecer existieron actos de tortura.

Estos casos concretos confirman la existencia de la tentativa permanente, fáctica, por agredir la libre expresión de las ideas. Pero, no menos grave, es la emisión de leyes, que en una abundancia reglamentaria inaudita, regula la libre expresión en nuestro país.

Es cierto que la libre expresión, no es una libertad absoluta, que como todas las libertades tiene limitaciones en beneficio de la colectividad y el honor de las personas que pudieran resultar perjudicadas, como ya han dejado asentados criterios nacionales e internacionales al respecto. Pero también es cierto, que se trata de una libertad muy especial, por que en su ejercicio al mismo tiempo se protegen derechos colectivos, como por ejemplo, entre muchos, el derecho al buen gobierno.

Cuando a través de la libre expresión se acusan posibles actos de corrupción y se exige investigaciones y castigos en contra de servidores públicos, al mismo tiempo que un medio de comunicación, un periodista o cualquier persona lo hace, ejerce su derecho individual a la libre expresión, también protege a la colectividad, la alerta, previene de un mal mayor, que es el uso indebido de los recursos públicos, que son al mismo tiempo patrimonio de la colectividad.

Por ello aumentar la reglamentación Electoral y de Réplica para castigar “los excesos” de la libre expresión en contra de candidatos, es una violación a la libre expresión. Elimina la posibilidad del disenso y del debate en un momento crucial para la colectividad, por ser el momento en que se elige a las autoridades que habrán de administrar el bien colectivo.

Esto se hace a través de la regulación electoral de contenidos y su contratación, obligados los medios de comunicación concesionados y privados, a normas prohibitivas cada día más abundantes, para generar una mordaza política, impensable en una sociedad democrática, que exige -por su misma naturaleza- la expansión de la libre expresión de las ideas.

Pero no solo se violenta el derecho a la libre expresión con estas regulaciones, sino que al mismo tiempo se vulnera el derecho a recibir información que tiene la misma colectividad. La persona colectiva tiene el derecho de recibir algo más que “cliches” propagandísticos, vacíos, con los que se inundan las ondas gertzianas: es necesaria información contrastada, en todos los espacios de comunicación.

Una comunicación en la cual se expanda el derecho a la libre expresión, acorde a los estándares internacionales, fortalece la democracia y protege los intereses de la colectividad: lo contrario, una política restrictiva y autoritaria, perpetua la opacidad y la rendición de cuentas, y hace de la administración pública un espacio de impunidad.

http://robertopinon.blogspot.mx

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