La diputada Leticia Herrera Ale presentó un paquete de cinco iniciativas de reformas a la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, Ley de Protección a la Maternidad, así como a varios artículos del Código Penal para el Estado, incluyendo el capitulo del feminicidio, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de un sistema jurídico que permita a las mujeres duranguenses mejores condiciones de vida en todos los aspectos.
Al realizar la ampliación de motivos, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género se refirió en primer término a la propuesta que tiene como objetivo central, eliminar del Código Penal todo tipo de discriminación contra las mujeres y garantizarles la vigencia plena de todos sus derechos, ya que la violencia familiar en el estado es una realidad que daña cotidianamente a la población femenina y vulnera de manera significativa sus derechos.
Por ello, consideró necesario establecer medidas protectoras para las mujeres duranguenses, como las han tomado en otros estados, tal es el caso del delito de estupro que, si bien, el Código penal para el Estado ya lo contempla, se encuentra vagamente tipificado, lo que permite discriminar y acentuar la violencia de género, por lo que su propuesta está enfocada a evitar que esto siga vigente.
Herrera Ale abundó que la reparación del daño moral, en materia de hostigamiento o acoso sexual, es el objetivo de otra de sus iniciativas, por lo que busca enriquecer conceptualmente el contenido del artículo 182 del Código Penal, para que además de la sanción económica y la pena privativa de la libertad, se adicione que, contra quien cometa el delito de hostigamiento o acoso sexual, la víctima pueda ejercer su derecho a la reparación del daño, tomando en cuenta que las afectaciones, en muchas ocasiones, requieren de tratamientos que le permitan reincorporarse a sus actividades habituales.
Las reformas a la Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia prevén establecer programas de apoyo económico temporal, dirigido a víctimas de violencia familiar, que hayan denunciado ante la autoridad competente ese delito, y que no cuenten con recursos económicos ni sociales que le permitan condiciones mínimas de independencia, con la obligación de tomar un tratamiento psicológico especializado y gratuito, que favorezca su empoderamiento y repare el daño causado por la violencia.
Otra de sus iniciativas intenta contribuir al establecimiento del feminicidio como un delito específico, el cual es considerado como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social del estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
En la Ley de Protección a la Maternidad plantea una serie de supuestos normativos o hipótesis que buscan contribuir a la preservación de la vida, eliminando hechos u obstáculos que induzcan a la madre a no llevar una maternidad responsable, y estableciendo obligaciones gubernamentales de protección a la maternidad, desde diversos puntos de vista.
Finalmente, aseguró que seguirá siendo una aliada de las mujeres durante su función como diputada de la Sexagésima Quinta Legislatura, por lo que espera que sus propuestas legislativas sirva para seguir avanzando en la lucha por lograr una verdadera equidad de género sin violencia.
