El PRI propone vigilar actos de sus funcionarios

25/02/2013

El PRI propone vigilar actos de sus funcionariosobernadores y alcaldes, bajo la lupa de sus compañeros de partido para evitar hechos de corrupción.

En medio del escándalo por las acusaciones de corrupción contra el ex gobernador de Tabasco Andrés Granier, el PRI aprobó por unanimidad facultar a sus órganos de gobierno a “vigilar y evaluar” a gobernantes, legisladores, alcaldes y todo tipo de servidor público emanado de sus filas para que no incurran en delitos o abusos, desarrollen bien sus tareas y honren las siglas de ese partido.

Además, sus órganos de gobierno tendrán atribuciones para “emitir recomendaciones sobre el correcto desempeño de actos de gobierno, por parte de los militantes del partido”.

Los priistas aprobaron transformarse en un instituto político que “encauce la inconformidad social en caso de abusos de servidores públicos, para activar los mecanismos de ajuste o sanción de los poderes públicos”.

Así lo establece el predictamen aprobado en la Mesa Nacional Temática de Estrategias y Programas de la Asamblea Nacional 2013, donde advierte que “en su relación con los gobiernos emanados de sus filas debe prevalecer la corresponsabilidad, al mismo tiempo que su autonomía e independencia; y en el caso contrario adoptará una posición vigilante”.

La mesa de trabajo, conducida por la senadora Cristina Díaz, aprobó llevar a la Asamblea Nacional del PRI la instrucción de que este partido “desde el gobierno debe refrendar permanentemente el respaldo popular recibido en las urnas, a través del buen ejercicio de un gobierno que ofrezca resultados palpables, que brinde respeto a los otros ámbitos de gobierno y poderes públicos”.

El pasado 25 de enero, el presidente nacional del Revolucionario Institucional, César Camacho, informó a los senadores del PRI, comandados por Emilio Gamboa, que el tricolor trabajaba en una propuesta para que todos los militantes que tengan funciones públicas asuman un comportamiento ético y de buen gobierno.

Este fin de semana, los lineamientos adelantados por Camacho Quiroz lograron el respaldo de los participantes en esta mesa nacional y aprobaron que el PRI trabajará para “combatir los abusos y la negligencia o abandono de sus responsabilidades por los representantes de la autoridad contra la ciudadanía. El partido quiere ser, ante todo, un abanderado de los gobernados”.

También buscará “cumplir responsablemente con su obligación de vigilar y evaluar el desempeño de los representantes populares y funcionarios en el ejercicio del servicio público, sin importar su filiación partidaria, para que sus decisiones y acciones respondan a cabalidad a las demandas y necesidades de la población. Poniendo especial atención a los compromisos adquiridos por nuestros candidatos”.

Evaluaciones

Para lograr los objetivos que se trazaron en esta mesa, el PRI dará seguimiento y evaluará “a través del trabajo de las comisiones del Consejo Político Nacional y de los consejos estatales, las acciones del gobierno y de los poderes públicos”, así como “emitir recomendaciones sobre el correcto desempeño de actos de gobierno, por parte de militantes del partido”.

Con base en estos resolutivos, los priistas se disponen a “consolidar, en beneficio de la sociedad, una verdadera cultura democrática que asegure la transparencia y la rendición de cuentas, en todos los órdenes de gobierno, y que se apegue a la legislación vigente en la materia y a los tratados internacionales suscritos por nuestro país”.

De esta forma, el Partido Revolucionario Institucional tiene el propósito de comenzar a dejar atrás el episodio del instituto político que tiene entre sus filas a militantes que han sido gobierno y que han incurrido en diferentes errores y abusos.

Tan sólo en los últimos tres años se conocen tres casos al respecto, el de Humberto Moreira, ex dirigente nacional del PRI y a quien se señala de haber sobreendeudado a Coahuila como gobernador; el de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, quien se enfrenta a una acusación de asociación con el crimen organizado, y recientemente Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, quien es acusado por su sucesor, el perredista Arturo Núñez, de un desfalco en las finanzas estatales superior a los mil millones de pesos.

En la nueva dinámica que los priistas intentan infundir entre los suyos está que el partido tendrá la autoridad para pedir a sus militantes un comportamiento ético y un ejercicio del poder acorde con lo ofrecido en la plataforma electoral que los llevó al poder.

“Promover las políticas públicas necesarias para el cumplimiento de los programas estratégicos del partido; apoyar el cumplimiento de los compromisos nacionales y estatales que fueron el eje de la campaña que dio el triunfo al PRI en las pasadas elecciones federales”, dice el documento aprobado este fin de semana y que será llevado al pleno de la Asamblea Nacional.

Señalamientos desde la oposición

Una investigación a fondo, cárcel y juicio político fueron las propuestas formuladas en la Cámara de Diputados por las fuerzas de oposición sobre el caso de Andrés Granier.

El diputado perredista Luis Espinosa Cházaro afirmó que tanto su grupo parlamentario como su partido respaldarán al gobernador Arturo Núñez, por lo que denominó “el valor democrático y patriótico de decir con toda claridad que las arcas de Tabasco fueron vaciadas”.

Según lo declarado por el mandatario estatal, además de haber disparado la deuda local a 17 mil 737 millones de pesos, el priista Granier desvió recursos que fueron a parar a las cuentas bancarias de una de sus hijas.

Espinosa Cházaro dijo que los perredistas reclaman castigo para el ex gobernador y poner un hasta aquí definitivo a este desvío de fondos.

En representación del PAN, el diputado Juan Francisco Cáceres llamó al presidente Enrique Peña Nieto a tomar cartas en el asunto y castigar el desvío de recursos.

El diputado federal por Tabasco manifestó su solidaridad con el gobernador Núñez y dijo conocer a detalle las irregularidades que como legislador local denunció en años pasados.

El diputado blanquiazul se pronunció por ir más allá de la aplicación de un castigo penal.

Excélsior

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