Arraigos, una pifia: PGR, Segob y ONU, fallaron en 96.7% de casos

21/02/2013

“Se fracasó en la tarea de llevar a los criminales a la justicia”; García Cervantes y Lía Limón admiten que es una “figura perversa” que sólo ha servido para violar los derechos humanos

Los responsables de la protección de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo García Cervantes, y de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, admitieron que el uso del arraigo sólo ha servido para violar los derechos humanos y no para llevar criminales a la cárcel.

Lía Limón explicó que en 96.7% de los casos de arraigo realizados desde 2008 se fracasó en la tarea de llevar a los criminales ante la justicia, porque nunca se encontraron las pruebas.

García Cervantes comentó que el arraigo “ha sido ocasión para la violación de derechos humanos de manera persistente; es también ocasión para la práctica de la tortura; es ocasión para detener y luego investigar… cuando primero deben ser las investigaciones. Por los resultados obtenidos, el arraigo ha sido una figura perversa”.

Por su parte, Javier Hernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, consideró que el arraigo “es un marco jurídico que cualquiera que sea la justificación que se le dé, en cualquiera de los contextos no sólo de México, sino de cualquier país sometido al escrutinio internacional y a obligaciones mandatarias en términos de derechos humanos tienen que ser revisados a la luz de la generación de violaciones a los derechos humanos que propicia y que reproduce”.

Ayer, los tres participaron en el foro Retos y Acciones del Estado Frente al Arraigo, organizado por el Senado de la República y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuyo titular, Luis González, confió en la construcción de un sistema de justicia penal respetuoso, “que sea capaz de actuar con certeza, de distinguir con toda claridad a quienes efectivamente cometen delitos de quienes no los cometen”.

La subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, destacó que “la figura de arraigo se encuentra en constante disputa con los derechos de libertad, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica de las personas reconocidos por la Constitución y por diversos instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte”.

Añadió que la aplicación del arraigo debe ser la excepción y no la regla; sin embargo, “el arraigo en nuestro país se ha constituido en una práctica común y generalizada de la autoridad investigadora y judicial utilizada como un recurso compensatorio de las deficiencias en la debida integración de las averiguaciones previas y causas penales y también deficiencias que existen en las herramientas de investigación”.

Recordó que de acuerdo con información que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha hecho pública, “de las personas arraigadas solamente se consignó al 3.3%; es decir el porcentaje de consignación es bajísimo de las personas arraigadas, contra el 96.7% en cuyos casos nunca se consiguieron las pruebas que acreditaran su presunta responsabilidad”.

El senador del PRI Miguel Romo Medina, quien inauguró el acto en nombre de Emilio Gamboa, líder de la bancada priista, explicó que el arraigo es un tema complejo y recordó que la reforma constitucional de 2008 trajo consigo una serie de circunstancias que se deben revisar por el saldo mostrado en las denuncias por la violación a los derechos humanos y por la crítica de especialistas en la materia sobre dicho instrumento jurídico

En tanto, Luis Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD y Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, refrendaron la decisión de ir por la reforma de esta figura judicial.

Cobertura

Desde 2009, Excélsior ha dado seguimiento al tema de los abusos de la figura del arraigo en la impartición de justicia:

Este diario documentó que mientras en 2007 hubo 230 órdenes de arraigo, en 2008 se registraron mil 720, un aumento de 747%.

En 2011, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó su preocupación por el uso excesivo de la figura del arraigo.

En diciembre pasado, el titular de la PGR, Jesús Murillo, afirmó que es necesaria la eliminación del arraigo porque viola los derechos humanos.

Excélsior

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