Congreso clausura periodo extraordinario

6/08/2013

Previo a la Clausura del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, el Congreso del Estado aprobó la minuta de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Congreso de la Unión tenga facultades para legislar en materia de un Código Procesal Único para todo el país.

Una vez que la Comisión de Estudios Constitucionales analizó la minuta enviada por el Congreso de la Unión, presentó el dictamen correspondiente en virtud de que con la creación de un sólo Código de Procedimientos Penales, se establecerán criterios homogéneos en materia procesal, en los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como en la ejecución de penas, con lo que se obtendrán diversos beneficios.

En este sentido para lograr la correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos, es necesario que todos los mexicanos cuenten con la misma protección jurídica en todo el territorio nacional sin distinción alguna, para que de esa forma se cumpla con los objetivos de las reformas en materia de seguridad y justicia de 2008 y la correspondiente a derechos humanos de 2011.

De esta manera se tiene la firme convicción de que la unicidad en materia procedimental penal derivada de la expedición de un ordenamiento único permitirá la aplicación de un mismo sistema en los fueros federal y local y dará cabal cumplimiento a lo previsto por el Constituyente Permanente, así como a lo acordado en el Pacto por México, en aras de la justicia y la paz de los mexicanos.

Por ello con las reformas se tendrá como beneficio una adecuada sistematización y homogeneidad de criterios legislativos; condiciones adecuadas para la construcción de una política criminal coherente, articulada e integral; una mayor y mejor coordinación entre las instancias encargadas de la procuración de justicia.

Así como mayor certeza para el gobernado respecto a cuáles son las normas penales de naturaleza adjetiva a observar en todo el país; una disminución en los índices de corrupción e impunidad, al existir menores resquicios legales con relación a la actual dispersión de normas y criterios judiciales más homogéneos.

En virtud de lo anterior, es relevante mencionar que la reforma constitucional que se propone, no puede entenderse de forma aislada, sino en el marco de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio que será instrumentado en todo el territorio nacional antes del diecinueve de junio 2016.

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