Congreso quiere autorizar deudas; plantea regular préstamos a gobiernos locales

21/01/2013

El Senado se encargaría de evitar que estados y municipios se endeuden más allá de lo prudente.

Legisladores federales impulsan una reforma constitucional que obligue a estados y municipios a consultar al Congreso de la Unión para endeudarse “más allá de un límite prudente”.

Se busca así evitar a toda costa que la deuda de los estados y municipios se torne un riesgo sistémico para la estabilidad y sustentabilidad de las finanzas públicas.

La iniciativa, planeada para presentarse el próximo miércoles ante la Comisión Permanente, propone la creación del Sistema Nacional de Deuda y, de manera paralela al fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, se faculta al Congreso para “reglamentar un registro de toda la información relativa a la contratación y sostenibilidad de la deuda pública en los tres niveles de gobierno”.

Armando Ríos Piter, secretario de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas y principal promotor de esta reforma, detalla en esta iniciativa que habrá “responsabilidad compartida” entre el Ejecutivo, el Senado y los gobiernos estatales y municipales, para la contratación, supervisión y mecanismos de corrección de los empréstitos gubernamentales.

El proyecto adiciona ocho artículos de la Carta Magna y reforma cuatro más.

Congreso busca vigilar deuda

Quiere que estados y municipios no sobrepasen un límite prudente; plantea crear un registro de préstamos.

Para evitar a toda costa que la deuda de los estados y municipios se torne un riesgo sistémico para la estabilidad y sustentabilidad de las finanzas públicas, desde el Senado se impulsará una reforma constitucional para ordenar una política prudencial y obligar a estados y municipios a consultar al Legislativo para no endeudarse “más allá de un límite prudente”.

La iniciativa planeada para presentarse este miércoles en la Comisión Permanente propone la creación del Sistema Nacional de Deuda, y de manera paralela al fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, se facultaría al Congreso “reglamentar un registro de toda la información relativa a la contratación y sostenibilidad de la deuda en los tres niveles de gobierno”.

Armando Ríos Piter, secretario de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas, y principal promotor de esta reforma, detalla en esta iniciativa que habrá “responsabilidad compartida” entre el Ejecutivo, el Senado y los gobiernos estatales y municipales, para la contratación, supervisión y mecanismos de corrección de los empréstitos gubernamentales.

Este proyecto de decreto que adiciona ocho artículos de la Carta Magna y reforma cuatro más, busca que sea responsabilidad del Estado mexicano “garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y velar por la estabilidad del sistema financiero”.

El planteamiento precisa que corresponderá a los senadores autorizar y supervisar el comportamiento de la deuda pública de los tres niveles de gobierno, pero también de las empresas y fideicomisos con participación pública, incluyendo los organismos autónomos, “en función de su capacidad de pago”.

La deuda de estados y municipios es de 406 mil 764 millones de pesos (3 por ciento del PIB), de los cuales la mayor parte ha sido destinada a gasto corriente, “aunque en la fracción VIII del artículo 73 se establece que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”.

De esa cifra, alerta la propuesta, “cuatro estados se encuentran en una situación límite, ya que el saldo de su deuda equivale a 25.9 por ciento del pasivo de 2011”.

Apunta el legislador que de continuar la tendencia “para finales de 2013 el pasivo se duplicará en términos reales con respecto al año fiscal de 2008, donde el monto del endeudamiento se ubicó en 203.1 mil millones de pesos”.

Los más endeudados

La iniciativa informa que de 2008 a 2011 las variaciones reales de deuda con los montos más altos se presentaron en 11 entidades: Campeche (2 mil 420.5 por ciento); Coahuila (mil 639.2 por ciento); Tamaulipas (552.9 por ciento); Morelos (412.9 por ciento); Zacatecas (406.0 por ciento); Quintana Roo (312.4 por ciento); Nayarit (213.7 por ciento); Yucatán (199.1 por ciento); Veracruz (165.9 por ciento); Chihuahua (139.9 por ciento), y Baja California Sur (114.9 por ciento).

Las entidades que rebasan entre 100 y más de 300 por ciento el saldo de su deuda respecto de las participaciones que reciben de la Federación son: Coahuila (304.6 por ciento), Quintana Roo (204.2), Nuevo León (165.9), Chihuahua (118.4), Nayarit (111.8), Michoacán (98.7), Sonora (97.6), Distrito Federal (96) y Veracruz (94.5).

En su exposición de motivos, el proyecto plantea una profunda reforma que ponga orden a las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno, “a fin de evitar toda posibilidad de reincidir en rescates financieros de bancos y de gobiernos estatales o municipales con recursos públicos”, en clara alusión al Fobaproa y “los errores de diciembre”, en 1994.

Se pretend que no haya “la recurrencia de crisis fiscales a causa del sobreendeudamiento y el apalancamiento de los estados o regiones con el sector financiero”; también hay que evitar que “el servicio de la deuda supere toda capacidad de pago en el corto plazo y dificulte su refinanciamiento”.

El documento devela las malas y opacas prácticas de los gobernantes estatales en la contratación de financiamiento que, muchas veces, no dan cuentas a la sociedad que dicen servir, pese a que eso está expresamente prohibido en la reglamentación en vigor.

En la gestión municipal, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), más de 60 por ciento de los ayuntamientos presenta opacidad en la ejecución de sus presupuestos. Tienen una calificación de tres en materia de transparencia y enfrentan uno de sus mayores retos “frente a los altos niveles de desempleo, mala cobertura bancaria, elevados riesgos crediticios, corrupción, violencia e inseguridad”.

Actualmente, añade este trabajo parlamentario, “sólo 4 por ciento de los municipios del país cuentan con calificación crediticia”. El resto no tiene una buena gestión financiera y “un gasto deficiente”.

Por ello se prevé la generación, en seis meses, de una ley reglamentaria la cual “deberá respetar la capacidad de endeudamiento de los estados en función de su capacidad de pago, y más allá de esta capacidad de pago, debe cumplir un procedimiento de solicitud ante la SHCP y autorizado por el Poder Legislativo, en este caso, el Senado”.

Los cambios

En el texto de la iniciativa, los senadores proponen:

Adicionar “un párrafo tercero al artículo 25, las facciones IV y VI del artículo 73, un párrafo segundo a la fracciones IV del artículo 74, una fracción XI al artículo 76, una fracción XVII al artículo 89, un párrafo tercero al artículo 108, recorriendo en su numeración los subsecuentes, un cuarto párrafo al artículo 115 recorriendo en su numeración los subsecuentes, un párrafo segundo a la fracción VIII del artículo 117”.

Asimismo, se modificarían “las fracciones VIII, IX y XXVIII del artículo 73; las fracciones IV y VI del artículo 74; la fracción I del artículo 79, y la fracción III del apartado A. del artículo 122; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Habrá límites al crédito: Beltrones

Con la Ley de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública, las entidades federativas y municipios tendrán límites para endrogarse, así como orden y transparencia en el uso del crédito, sostuvo el diputado federal Manlio Fabio Beltrones.

Señaló que a partir de febrero, cuando arranque el periodo ordinario de sesiones, la nueva dinámica legislativa “que hemos construido permitará atender la preocupación que compartimos los grupos parlamentarios con el Ejecutivo federal, respecto del riesgo para el bienestar, empleo y crecimiento que significa el endeudamiento público a nivel local”.

Dijo que la iniciativa de responsabilidad hacendaria garantizará el uso sensato del crédito por cuenta de las autoridades de las entidades federativas y municipios, y formará parte de la agenda legislativa que se integrará al final del presente mes, expresó el diputado Beltrones al sostener un encuentro con integrantes de la Liga de Economistas Revolucionarios.

Añadió que la mencionada reforma habrá de complementar el ordenamiento de las finanzas públicas que se inició en la presente legislatura de manera paralela con la aprobación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Expresó su confianza de que a través del diálogo parlamentario se podrá procesar con rapidez y eficacia la solución normativa del endeudamiento en las entidades y los municipios, en beneficio de la población, aseveró el coordinador parlamentario del PRI.

Además, se continuará con la reforma del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y la discusión de las iniciativas relativas a la integración del órgano nacional contra la corrupción.

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