Limitarán uso del fisco para rescates; preparan reglas contra deudas de gobiernos

11/01/2013

Buscan usar esquema que salvó a universidades hace 15 años.

En el interior del Pacto por México se analiza una nueva regla fiscal para limitar el uso del erario federal en el rescate de la deuda de estados y municipios.

Información obtenida entre algunos de los involucrados en el proceso de construcción de la iniciativa de la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública muestra que no hay un consenso para que el erario federal cargue con el peso de la salvación de un gobierno local.

Además, la propuesta que se estudia incluirá castigos cuando el endeudamiento carezca de justificación alguna.

De acuerdo con los políticos consultados, entre las opciones está un esquema similar al que se usó hace 15 años para apoyar a las universidades públicas en la crisis financiera que fue generada por los pasivos de pensiones, y que partió del análisis del caso, con metas definidas por parte de las entidades en problemas.

Acotarán deudas de estados

El proyecto que se trabaja, entre los acuerdos del Pacto por México, busca castigar endeudamiento injustificados.

La propuesta que se trabaja en el seno del Pacto por México para comenzar a solucionar el problema de la deuda de los estados y municipios camina en torno a una nueva regla fiscal, para que no sea el erario federal el que tenga el peso de un rescate, además de garantizar el castigo cuando el endeudamiento no tenga justificación alguna.

En la baraja de rutas que se analizan está la adaptación de un esquema similar al que se usó hace 15 años para apoyar a las universidades públicas en la crisis financiera generada por los pasivos de pensiones, y que partió del análisis de caso por caso y de compromisos concretos, con metas definidas, por parte de las entidades con problemas.

De acuerdo con información obtenida con algunos de los involucrados en el proceso de construcción de la propuesta para crear la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública, se toman como base algunas alternativas analizadas con antelación por la Secretaría de Hacienda, así como los planteamientos de cada partido político y se enriquecerán con las observaciones de los legisladores.

La explicación es que se tienen varias propuestas, como el hecho de que la Federación canalice de manera directa a los municipios, sin la intervención de los estados, los recursos participables; que se modifiquen los porcentajes de recursos participables; que los estados y municipios tengan mayor capacidad impositiva, pero también que se atiendan los problemas estructurales que generan los gastos excesivos, amén de que se evite la impunidad para quienes endeuden a las entidades federativas o desvíen los recursos para áreas que no sean prioritarias.

Los políticos consultados ayer adelantaron que la columna vertebral de la propuesta que se construye es la creación de una regla fiscal que garantice mayores ingresos a estados y municipios, porque es definitivo que no existen los consensos para el rescate, como ya lo dejó en claro el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Sin embargo, entre los puntos que se han escuchado en el análisis está el hecho de que se respalde la reestructuración de la deuda, como ocurrió con las universidades públicas.

Regulación de deuda, puerta a reforma hacendaria

Interrogado al respecto, el perredista Armando Ríos Piter adelantó que el control de la deuda de los estados y municipios es, sin duda, la puerta de ingreso a la discusión de las reformas hacendaria y fiscal, pues necesariamente se tendrán que hacer cambios en el concepto de coordinación fiscal.

El legislador, quien desde hace varias semanas construye una propuesta integral en materia de deuda estatal, adelantó que “nosotros vamos por un planteamiento mucho más agresivo en términos legislativos para evitar o quitar condiciones sistémicas que generan los problemas en municipios y estados.

“Por ejemplo. En todos los municipios del país, sin importar qué signo político tenga su gobierno, enfrentan casos de ex empleados que demandaron por despido injustificable y que ganan el juicio y los municipios están obligados a pagar los salarios caídos y esas cantidades a veces van de cinco a siete millones de pesos; eso sin duda es un choque directo a sus finanzas. Bueno, pues desde nuestra perspectiva, si no corregimos estos problemas no será posible resolver de fondo este problema”, explicó el legislador.

Anticipó que en la propuesta que se trabaja en el PRD del Senado plantea modificar la lógica constitucional para que haya una mayor supervisión de las condiciones financieras de loe estados y municipios, y se cuente con un sistema de alerta eficiente.

Aclaró que su propuesta no va en la lógica de un fondo de reestructuración, sino de la revisión de caso por caso, porque no se puede tratar a todos por igual.

“Sin duda que este cambio requiere de que partamos de una radiografía de cada caso. En función de eso veremos cuáles son las alternativas para cada uno”, insistió.

Efecto colateral

Los bancos privados son los primeros afectados por la insolvencia financiera de los estados y municipios.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José Francisco Yunes, destacó que no habrá abandono a los estados y municipios con problemas, pero será necesario tejer a la par de la nueva Ley de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública, una nueva Ley de Quiebras Bancarias.

De acuerdo con la información proporcionada por el Senado, con base en los datos que le entrega la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, son 17 los bancos y entidades financieras que prestan dinero a los estados y municipios, y que en total les deben 234 mil 418.7 millones de pesos; es decir, 58 por ciento de su deuda está en los bancos.

Son tres los bancos cuyos préstamos realizados a los estados y municipios representan entre el 55% y el 57% de su cartera de crédito.

 

 

Excelsior

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