Gran negocio

29/10/2013

Por Roberto Piñón Olivas

Las compras para el sector público significan un negocio sumamente lucrativo. Las administraciones siempre buscan la manera de manipular la norma con el fin de otorgar, fuera de procedimiento licitatorio, las adquisiciones.

La ley federal y las leyes estatales en la materia establecen un procedimiento que intenta transparencia y costo beneficio en favor del peculio público. Por ello limita las denominadas adquisiciones directas a montos verdaderamente bajos, poco menos de un millón de pesos en los ámbitos locales y poco más del millón en el ámbito federal.

El resto de las compras se debe efectuar en un procedimiento, donde en teoría, pueden participar todos los postores que adquieran las bases y cumplan con los requisitos. De las propuestas se selecciona la que resulta más adecuada en precio y calidad, se supone.

Este camino no es exclusivo de los bienes muebles, también deben ser sometidos al mismo la contratación de servicios o subrogados. La intención es que exista la mejor administración de los recursos.

Sin embargo no siempre ocurre así.

El gobierno del Distrito Federal adjudicó de manera directa un negocio que genera ganancias por 190 millones de pesos al año. Y lo hizo bajo la figura Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), que resulta en una adjudicación directa, sin licitación, para administrar 1,721 cajones de estacionamiento.

Pero además, algo particularmente grave: un principio en las adquisiciones es que estas sean otorgadas a personas morales que cumplan con experiencia. En el caso de estos parquímetros, la empresa Operadora de Estacionamientos Bicentenario recibe un jugoso contrato apenas once meses después de creada.

El socio mayoritario en Operadora es uno de los personajes que en estos momentos distribuye la mayor cantidad de combustible (gasolina) en el país (631 millones de litros en 2011) y principal proveedor del mismo producto al gobierno del Distrito Federal, CorpoGas, de acuerdo a las investigaciones difundidas por El Universal. Estos datos revelan que los Permisos otorgados a Operadora podrían permitirle el control de unos 25 mil cajones de estacionamiento los próximos diez años, en Polanco, Anzures, Lomas, Virreyes, Roma, Hipódromo y Condesa.

En defensa de estos procedimientos de adjudicación, el gobierno del Distrito Federal esgrime que el 30 por ciento de las ganancias se distribuye en obras de mejoramiento comunitario y que el esquema (permiso administrativo) permite rescindir el contrato en cualquier momento ante el incumplimiento de la empresa.

El gobierno del Distrito Federal culpa a la anterior administración del otorgamiento de los permisos. Ahora, para la adjudicación de los nuevos, ofrece públicamente asignarlos a otras empresas. Sin embargo, continuara el mismo vicio: la designación directa a través de la figura de los Permisos Administrativos.

La cuestión es que al develarse estas adjudicaciones, de antemano, el gobierno del Distrito Federal considera ocioso revisar los contratos y la administración de los recursos recaudados, cuando, mínimo, debiera ser la opción administrativa inmediata para verificar el cumplimiento de requisitos mínimos y el ejercicio del recurso.

No es lavándose las manos como se puede dar una explicación pública en relación con estas adjudicaciones, sino con una indagatoria de fondo, que incluya una revisión actuarial de ingresos, para verificar su manejo en beneficio de la comunidad y el funcionamiento adecuado de los parquímetros. De la rescisión, también la admite la adjudicación por licitación, que incluye diversas fianzas. Por eso el argumento es endeble.

Es una explicación fácil de los funcionarios de la administración de Miguel Ángel Mancera para tratar de tapar el sol con un dedo.

Las adjudicaciones en términos de transparencia y competencia son la mejor vía para asignar compras y subrogados, porque aseguran la intervención de diversos agentes económicos, que propician las condiciones más adecuadas en términos de rentabilidad para el sector público.

Lo otro más bien parece negocio en lo oscurito.

EN EL TABLERO…El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua aprobó un punto de acuerdo, en sesión plenaria, para manifestar su rechazo a la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, por considerarlo una regresión centralista…Fernando Herrera Martínez, Presidente del Órgano Electoral Estatal, se traslada a México para ser recibido  junto con homólogos en el Senado para hacer patente su postura…Los organizadores del Demolition Show, los dueños de la Asociación Civil, no han sido citados para comparecer ante el juez de garantías, pese a que en un contrato se obligaron a proporcionar las condiciones de seguridad, cuya ausencia provocó la desgracia con la troca monstruo en la ciudad de chihuahua…En la misma circunstancia se encuentran los ex titulares de gobernación y obras públicas municipales…

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