Estudios advierten alto costo en reforma migratoria

7/05/2013

La Fundación Heritage considera que la iniciativa provocará a largo plazo un aumento de 6.3 millones de millones de dólares del déficit público.

La conservadora Fundación Heritage divulgó ayer un estudio que considera que la reforma migratoria que se debate en el Congreso estadunidense provocará a largo plazo un aumento de 6.3 millones de millones de dólares del déficit público.

Ese proyecto ofrece la posibilidad de obtener la ciudadanía para aproximadamente 11 millones de indocumentados, bajo varios requisitos y tras 13 años de espera, durante los cuales no tendrán derecho a ninguna ayuda pública.

El estudio de Heritage parte del principio de que si bien los indocumentados empezarán por pagar impuestos si se registran legalmente, cuando obtengan la nacionalidad pasarán a ser beneficiarios netos.

Tras calcular que un “ex indocumentado” recibirá como media esos beneficios durante medio siglo, si se incluye su pensión, el estudio señala un costo para el erario de 9.4 millones de millones de dólares (por todos los migrantes legalizados), mientras que los impuestos que aporten ascenderán a 3.1 millones de millones.

Esos inmigrantes “generarán un déficit fiscal durante sus vidas de 6.3 millones de millones” asegura el texto.

El informe es una versión actualizada de un texto cuya publicación en 2007 ayudó a descarrilar el último intento de reforma migratoria en el Congreso.

“Si se aprueba la amnistía, el inmigrante ilegal recibirá como promedio 592 mil dólares más en beneficios gubernamentales a lo largo de su vida de lo que pagaría en impuestos”, explican los autores, que rechazan el término reforma migratoria.

Los autores advierten además que no tienen en cuenta el costo de los familiares que esos indocumentados podrían hacer venir al país.

Otro estudio conservador, del senador republicano Jeff Sessions, opuesto a la reforma, considera que a largo plazo el proyecto beneficiará en realidad a 30 millones de personas.

El proyecto de reforma, apoyado por el presidente Barack Obama, establece una vía particular de legalización en cinco años para los jóvenes que llegaron como menores al país, mayores cuotas de entrada para trabajadores con estudios superiores, para los agrícolas, y crea además una categoría nueva de trabajadores no
especializados.

“Muchos conservadores creen que si un individuo tiene un trabajo y trabaja duro, inevitablemente será un contribuyente neto. En nuestra sociedad, eso dejó de ser cierto hace mucho tiempo”, explicó el texto.

Arranca el debate

El estudio de la Fundación Heritage fue publicado un día antes de la apertura del periodo de enmiendas al proyecto de reforma que fue presentado conjuntamente por ocho senadores demócratas y republicanos.

El Congreso estadunidense iniciará el primer debate en seis años sobre una extensa reforma a la ley de inmigración, poniendo a prueba si empresas y grupos laborales pueden aunarse en un delicado acuerdo que ya está bajo ataque.

Para los cerca de 11 millones de residentes ilegales, la legislación en el Senado estadunidense es su mejor esperanza para superar la amenaza de deportación y tener un camino para solicitar eventualmente la ciudadanía estadunidense, luego de que un gran impulso en el Senado por una reforma en 1986 muriera en2007.

El ambicioso proyecto de ley pondría más dólares federales en fortalecer la frontera sur del país contra los pasos ilegales y pretende reformar un añejo sistema de visas para que más trabajadores extranjeros de alta y baja especialización puedan ingresar.

Las enmiendas al proyecto de ley bipartidista de 844 páginas, producto de meses de negociaciones, fluían a la Comisión Judicial del Senado, que ya empezó a considerar la medida.

Si sus partidarios, entre los que se incluye al presidente Barack Obama, logran su objetivo, la legislación emergerá de la comisión durante este mes encaminada a su aprobación por una mayoría en el Senado.

Pero antes, grupos desde activistas convergen al Capitolio en un intento por lograr cambios.

En el primer trimestre del 2013, se registraron 500 organizaciones y compañías para hacer presión sobre la reforma.

Ayudó a tirar otra propuesta

De acuerdo con el portal especializado Politico.com, la reforma migratoria es justamente “el tipo de lucha política para la que Jim DeMint fue contratado” como presidente de la conservadora Fundación Heritage.

DeMint, ex senador republicano de Carolina del Sur y “héroe” de los “partidos del té”, asumió el mes pasado la presidencia del influyente grupo, fundado hace 40 años, y llegó directamente a trabajar.

Para empezar, atacó la propuesta de reforma presentada por ocho senadores como “amnistía” –una palabra “tabú” para los derechistas–.

Politico.com consignó también que DeMint criticó a los negociadores por redactar el proyecto en secreto y trató de subrayar los posibles costos del proyecto de ley si millones de inmigrantes indocumentados llegan a ser elegibles para los beneficios federales.

El estudio publicado el lunes por la Fundación Heritage es un ejemplo de la formulación empleada.

Heritage tiene experiencia y ya en 2007 ayudó a hundir esfuerzos de reforma migratoria centrándose en los costos para los contribuyentes, que de acuerdo con su entonces principal investigador, Robert Rector, serían por 2.6 millones de millones de dólares.

El lunes, Heritage dijo que la reforma migratoria podría costar como 6.3 millones de millones de dólares en nuevos gastos en prestaciones y programas sociales.

Esta vez, sin embargo, Heritage encuentra respuesta de otros grupos conservadores y economistas de ambos lados, para quienes la adición de millones de nuevos contribuyentes y la simplificación del proceso de inmigración legal impulsará el crecimiento y el beneficio de la economía.

De acuerdo con Politico.com, el ex director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Douglas Holtz-Eakin, presentó el mes pasado un estudio en el que considera que la reforma migratoria aumentaría el producto per cápita en más de mil 500 dólares y cortaría el déficit federal acumulado en más de 2.5 millones de millones de dólares.

Incluso Grover Norquist, el hombre detrás de las promesas no-fiscales del Partido Republicano, quiere una ley de inmigración.

“Creo que los mercados libres conducen al crecimiento económico y la prosperidad para todos”, dijo Norquist en el Capitolio la semana pasada.

“Esto incluye el libre mercado y la flexibilidad laboral, lo que beneficiará no sólo a los que quieren venir aquí en busca del sueño americano, sino también aquellos de nosotros bendecidos lo suficiente como para haber nacido en Estados Unidos.”

Cambio en México altera la migración

Los patrones migratorios tradicionales entre México, Centroamérica y Estados Unidos comienzan a alterarse tanto que deben comenzar a pensarse esfuerzos por construir capital humano en común, indicó un reporte del influyente Migration Policy Institute (MPI).

El reporte, presentado en Washington y copatrocinado por el Wilson Center Institute, apoya la idea de una reforma migratoria en EU, pero advierte que las situaciones de cambio social, económico y demográfico que comienzan a darse en México y los países centroamericanos acabarán por alterar profundamente los patrones migratorios.

De hecho, recomendó tanto la creación de “estándares comunes” para la educación y el desarrollo de la fuerza laboral en sectores específicos que pueden ser regionales, como los de cuidado de salud, manufacturas y transportación y logística.

Agregó también que los sistemas regionales de migración deberán alentar un mayor movimiento de ida y regreso, con el consecuente intercambio de capacidades y experiencia.

Doris Meissner, directora del Servicio de Inmigración y Naturalización bajo el régimen del presidente Bill Clinton (1993-2001), indicó que entre los cambios hay un considerable descenso de la migración de México a EU: “la migración ilegal neta desde México ha estado cerca de o en cero desde 2007, como lo ha estado la inmigración total desde 2010”.

El reporte mismo hizo notar la dinámica de cambios sociales, económicos y demográficos en México y Centroamérica, que se reflejan en un freno en el crecimiento de la población, mejores logros educacionales y la expansión de clases medias en México y El Salvador, lo que acompañado de crecimiento económico en México y Guatemala y “el evolutivo papel de México como destino migratorio”.

Para Demetrios Papademetriou, presidente del MPI, “la largamente sostenida asunción de que la región tiene un interminable suministro de trabajadores menos educados destinados a EU es cada vez menos correcta cuando se trata de México y, en los próximos años, será mas incorrecta también para El Salvador, primero, y gradualmente Guatemala”.

Esa situación permite pensar en una reformulación de las relaciones que EU tiene con México y Centroamérica en la cuestión migratoria, precisó Meissner, para quien lo ideal sería que la migración en la región sea una cuestión de opción, no de necesidad.

Señaló, sin embargo, que no hay conversaciones sistemáticas respecto a trabajos comunes para resolver el tema migratorio desde que las discusiones que iniciaron los presidentes Vicente Fox, de México, y George W. Bush, de EU, fueron “descarriladas” por los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Advirtió también que “pocos temas conforman y definen la relación de EU con México y Centroamérica tanto como la migración”, al precisar que hay unos 14.3 millones de inmigrantes mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños en aquel país, donde representan una tercera parte de la población nacida en el exterior y casi tres cuartas partes de los residentes indocumentados.

En todo caso, Andrew Selee, vicepresidente del Wilson Center, subrayó que en el caso concreto de EU y México sólo el tiempo y el mejor desarrollo de México reducirán las actuales desconfianzas mutuas, cuando los mexicanos se sientan exitosos y los estadunidenses reconozcan ese éxito.

Excélsior

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